La transparencia se diluye en la campaña y repite mantras en los programas electorales

La transparencia se diluye en la campaña y repite mantras en los programas electorales

Los programas electorales y los contenidos de la campaña de las elecciones generales del próximo 23 de julio mantienen propuestas relacionadas con la transparencia, la regeneración democrática, la rendición de cuentas, los ‘lobbies’ o la participación ciudadana, pero su presencia en campaña no tiene la visibilidad de anteriores citas electorales a nivel estatal y las propuestas son, en varias ocasiones, ‘viejas conocidas’.
18 julio 2023

En la anterior campaña electoral de 2019 ya advertimos un notable retroceso del protagonismo de la transparencia como elemento articulador de discursos de los principales partidos y sus líderes, siendo particularmente visible en los dos debates electorales celebrados entre los, por aquel entonces, líderes de los cuatro principales partidos.

Esta tendencia se ha hecho más patente en esta campaña, en la que incluso el tema de la regeneración democrática, uno de los bloques temáticos de aquellos debates, ya no ha existido ni en el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ni en el debate a siete con los portavoces de las principales fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados.

Como un azucarillo en una taza de café, la transparencia y la regeneración democrática han estado presentes en los debates, pero diluidas en otros temas que en este momento parecen tener mayor importancia. No podemos olvidar que la política y los medios de comunicación se ocupan en buena medida de la actualidad y menos de las cuestiones de fondo, que despiertan menos interés si no hay elementos de discordia o de polémica importantes. No quiere decir esto que dicha forma de proceder sea la correcta, simplemente constata un hecho.

Algo parecido ocurre en los programas electorales. Los temas están presentes, en ocasiones con una aparente desidia, como estando porque hay que estar, sin explicarse muy bien el cómo ni el porqué de estar ahí. Es cierto que los programas no son ni leyes ni planes, y que la concisión y la síntesis de ideas son fundamentales, pero en ocasiones raya la indolencia.

En cuanto a propuestas, a continuación, resumiremos lo que hemos observado tras la lectura de los programas de las cuatro principales fuerzas políticas que se presentan en todas las circunscripciones del Estado. Hay puntos en común, lo que puede interpretarse como algo positivo porque serían puntos de acuerdo sobre los que regenerar el sistema y mejorar la transparencia y la calidad democrática (por citar una idea pendiente aún en muchas Administraciones, la huella legislativa o normativa).

Pero este optimismo se desvanece cuando se recuerda que son promesas que ya estaban presentes en 2019 (Plan Nacional contra la Corrupción, por ejemplo), o medidas que no se han llegado a implementar (regulación de los lobbies), o lo que es también muy probable, que haya acuerdo en el qué, pero de ninguna manera en el cómo (nombramientos del Consejo General del Poder Judicial). Así que las dosis de optimismo y de credibilidad sobre las medidas contenidas en los programas hay que tomarlas, por tanto, con justificada prudencia.

En los programas hay puntos en común, lo que puede ser positivo porque serían puntos de acuerdo sobre los que regenerar el sistema, pero este optimismo se desvanece porque son promesas que ya estaban presentes en 2029 o no se han llegado a implementar.

Para abordar la cuestión analizaremos el contenido de los programas por partidos políticos:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

El PSOE, como principal partido de gobierno, propone seguir avanzando en las políticas de gobierno abierto y transparencia desarrolladas, haciendo un balance positivo de su acción (algo completamente lógico en su programa electoral, que desarrolla en poco más de una página en la introducción del apartado Por una España que avanza en transparencia y calidad democrática). En esa introducción destaca los avances logrados y las reformas iniciadas, si bien obvia que algunas ya deberían estar resueltas y se ha llegado al final de la legislatura sin haberse culminado.

La excusa del adelanto electoral no serviría para prácticamente ninguna, tal vez sí para la ley de lobbies, que al parecer se iba a debatir en el Congreso tras las elecciones del 28M, pero es una excepción que no puede dejar de lado que una de las medidas ‘estrella’ ya del programa de 2019, la reforma de la Ley de transparencia, no se ha producido ni tenía visos de haberse aprobado, ni en el hipotético caso de haberse agotado la legislatura.

En cuanto a medidas concretas, encontramos en el ámbito normativo que se aprobarán la reforma de la Ley de transparencia, y la Ley de lobbies para dar transparencia a las actividades de los grupos de interés, apoyada por la reforma de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado. Se trata de cuestiones iniciadas, pero no culminadas en la anterior legislatura.

En cuanto a autoridades independientes, se aprobará un nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y se creará la Autoridad Independiente de Protección del Informante, organismo cuya naturaleza y funciones se presentan en el Título VIII de la Ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Además, se hace alusión al V Plan de Gobierno Abierto que, añadimos, tendrá que solucionar cuestiones no resueltas en el IV Plan, como la mencionada reforma de la Ley de transparencia, y sobre el que no nos cabe duda que el próximo Gobierno, sea del color que sea, mantendrá su compromiso con la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto).

Otras medidas concretas sobre transparencia tienen que ver con la publicación en el Portal de la Transparencia de las categorías de información más demandadas por la ciudadanía a través del derecho de acceso. En particular, en relación a los altos cargos, el programa electoral del PSOE detalla que se publicará de manera proactiva la información relativa a las agendas, al gasto de los viajes y viviendas oficiales, la declaración completa de bienes y actividades y sus peticiones y denegaciones de compatibilidad, además de otras cuestiones como la información sobre el personal eventual, la publicidad institucional, los contratos públicos y los procesos selectivos. Algunas de ellas no deberían ya ni plantearse (contratos públicos, declaraciones de bienes, compatibilidades) puesto que ya se publican y en especial de manera reforzada los contratos en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público. Otra cuestión es la calidad de la información, pero ese tema merece otra pieza aparte.

En cuanto a medidas sobre regeneración democrática, el PSOE propone regular el sistema de incompatibilidades del personal al servicio del sector público para evitar conflictos de intereses, y en consonancia con ello reforzar la actividad y la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, así como suprimir los aforamientos de los cargos públicos en casos ajenos al ejercicio de su cargo y reforzar el pacto antitransfuguismo.

En esta línea de grandes acuerdos políticos, propone un pacto de Estado contra el fraude fiscal. Por otra parte, se invita a la reforma de la legislación electoral para hacer obligatorios los debates electorales (dicho sea de paso, si se comprometen a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General -LOREG-, tenemos más propuestas relacionadas con la calidad democrática). Para finalizar con este apartado, se coordinará la celebración de las Conferencias Sectoriales y la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Campañas de Desinformación.

Una de las medidas ‘estrella’ del PSOE, ya del programa de 2019, la reforma de la Ley de transparencia, no se ha producido ni tenía visos de haberse aprobado, ni en el hipotético caso de haberse agotado la legislatura.

Respecto a otras cuestiones relativas al gobierno abierto y a la calidad de las políticas públicas, el PSOE se compromete a promover la participación ciudadana en la elaboración de leyes a través de cauces telemáticos (algo ya existente que se debe entender, por tanto, como una promesa de impulso), y a constituir una red de laboratorios de participación ciudadana para favorecer la innovación social y el codiseño de las políticas públicas, en la línea de HazLab, creado en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto. En esta línea también se compromete a desarrollar “de forma sistemática procesos de democracia deliberativa en las iniciativas de alto impacto en la acción de gobierno”.

Además, se pretende reforzar la política de apertura de datos a fin de consolidar la posición de liderazgo de España en el índice europeo de administración digital, así como institucionalizar los ejercicios de rendición de cuentas y evaluación de la acción de gobierno, a imagen del programa Cumpliendo. Por último, señalar que se llevará un seguimiento de la evolución de las distintas políticas públicas a través de la actividad de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. También se presentará el Plan Anual Normativo y su evaluación. Cabe reseñar también la mención a las medidas relativas a la transparencia salarial (brecha salarial), una de las cuestiones compartidas con Sumar.

Partido Popular (PP)

Las propuestas del PP se encuentran principalmente en los apartados Servir (epígrafe El ciudadano en el centro. Una Administración transparente y participativa) y Regenerar y respetar (particularmente lo relativo a regeneración democrática, repartido en varios epígrafes). A grandes rasgos, presenta medidas enfocadas a la transparencia en el ámbito económico, y en regeneración democrática se centra en cuestiones relacionadas con la administración de Justicia y en situar al ciudadano como protagonista en el centro de las políticas, con medidas sobre agilidad administrativa o protección de derechos individuales.

Comparte propuestas con el PSOE, como impulsar la participación ciudadana en la elaboración de leyes, un aspecto que ha quedado patente en los últimos años que no ha obtenido los resultados esperados, en tanto que dicha participación es muy escasa y normalmente limitada a organizaciones con intereses en el proceso, entidades de la sociedad civil y personas expertas relacionadas con la legislación en cuestión.

También podemos entender en este apartado de puntos de encuentro la huella legislativa (también presente en Sumar) o la regulación de los lobbies, y se puede interpretar que también entraría aquí la mejora de la Ley de transparencia, reforzando el derecho de acceso a la información pública y la capacidad de respuesta del Consejo de Transparencia.

Ahora bien, en su papel de principal partido de la oposición y aspirante a formar el próximo Ejecutivo, presenta varias propuestas que ya han sido objeto de su labor de control al Gobierno. En este sentido y en cuanto a la transparencia, encontramos propuestas como la creación de un órgano asesor para la mejor orientación de los fondos europeos (con la participación del sector privado), garantizar la transparencia en el uso de los medios públicos a disposición de las autoridades en sus desplazamientos (o dicho de otro modo, el recurrente tema del Falcon), o dotar de mayor objetividad, transparencia y agilidad al procedimiento de concesión de subvenciones culturales.

Una propuesta novedosa en los programas es la relativa a la inteligencia artificial. El PP y Sumar mencionan en su programa la transparencia de los algoritmos públicos.

Otras medidas sobre transparencia tienen que ver con cuestiones económicas, como mejorar la transparencia en el sistema de pensiones y en la cadena alimentaria mejorando la transparencia en la formación de precios de las producciones agrarias y los insumos; hacer que el traspaso de poderes cuente con información más precisa sobre el estado real de las cuentas públicas, la acción de cada área y los asuntos pendientes; incluir en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos más allá del impacto presupuestario; impulsar una política de competencia que potencie el crecimiento económico asegurando la independencia de los organismos reguladores con nombramientos transparentes basados en el mérito.

Lo mismo podemos decir respecto a algunas de las medidas sobre regeneración democrática, que constituyen una enmienda a la labor del Gobierno actual. El PP propone medidas como mejorar los procesos de selección y elección de magistrados para garantizar su independencia (si bien no se hace referencia a la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial que ha bloqueado durante años). También, sobre nombramientos, propone asegurar la independencia de los reguladores con nombramientos transparentes basados en el mérito y capacidad.

En cuanto a leyes, propone la reforma de la Ley de protección de denunciantes para asegurar la no injerencia del Gobierno, y la de la ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas para mejorar el funcionamiento de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas.

Sobre organismos y entes públicos, pretende mejorar la transparencia y publicidad en la toma de decisiones del Consejo de Estado, reforzar las capacidades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que cumpla correctamente con sus labores de vigilancia, impulsar un nuevo régimen jurídico del Fiscal General del Estado para desvincularlo del Poder Ejecutivo, o potenciar la Oficina del Dato para una mejor utilización de los datos por parte de las Administraciones, y así como para mejorar la toma de decisiones en las políticas públicas.

Una propuesta novedosa en los programas, fruto del tiempo en que vivimos, es la relativa a la inteligencia artificial. El PP menciona aquí la transparencia de los algoritmos públicos (si bien en el programa del PSOE se habla de manera más genérica de un “marco adecuado de regulación y supervisión de la inteligencia artificial”), con el objetivo de garantizar los derechos individuales, así como promover la transparencia sobre el uso de instrumentos de Inteligencia Artificial, su funcionamiento y alcance en cada procedimiento, y acceso al código fuente para garantizar que no produzca resultados discriminatorios.

Vox

El partido político Vox es el que menos espacio dedica y medidas propone en su programa llamado Lo que importa. Sus propuestas se encuadran principalmente en el epígrafe 9 Fiscalidad para la prosperidad, lo que ya denota la orientación al sector económico de las mismas.

En este sentido podemos citar algunas: el impulso de la transparencia para empresas dominantes en sectores estratégicos, la “transparencia total” sobre los precios de la energía, o la creación de una “fórmula para que los gigantes tecno­lógicos, además de pagar correctamente sus impuestos, coticen también por los datos digitales que cosechan en España”. Esto se complementa con la protección de “la soberanía de los datos de los es­pañoles garantizando la máxima información y transparencia en la cesión de los datos personales en Internet”.

En sus propuestas también encontramos puntos en común con los principales partidos, como la lucha contra la evasión y la elusión fiscal (con el matiz añadido de “especialmente de multinacionales y gigantes de internet”), o la creación de una Oficina Nacional de lucha contra el Fraude y la Corrupción (con el matiz de que conllevaría la eliminación de las ya existentes a nivel autonómico).

Otras medidas recogidas en el programa de Vox son la prohibición de aplicar indultos para delitos relacionados con la corrupción política, la devolución efectiva de todos los fondos públicos obtenidos ilegalmente y la protección integral de los denunciantes. De manera genérica se hace alusión a mejorar los mecanismos y portales de transparencia, denuncia y rendición de cuentas para prevenir la corrupción en la Administración.


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Sumar

El programa de Sumar encuentra varios puntos comunes con las propuestas del PSOE, si bien se amplían en varias políticas sobre las que pone el acento la nueva formación política. Las medidas se encuentran diluidas en un extenso programa, habiendo mayor concentración en el apartado 3 Un proyecto para ensanchar la democracia y más en concreto en su punto 2 Democracia de calidad.

Entre estos puntos en común con el PSOE podemos citar la aprobación de leyes de transparencia de grupos de interés y de prevención de conflictos de intereses (también con el PP), la supresión de los aforamientos de los cargos públicos en casos ajenos al ejercicio de su cargo, la transparencia salarial o la Institucionalización de los ejercicios de rendición de cuentas y evaluación de la acción de gobierno.

También comparte otros puntos comunes con el resto (lucha contra el fraude fiscal) y en particular con el PP (transparencia algorítmica, simplificación de procesos administrativos, fortalecimiento de los sistemas de evaluación de políticas públicas).

En cuanto a medidas más propias de su programa y relacionadas con las políticas de algunos de los partidos que constituyen Sumar, se encuentran propuestas sobre política migratoria, como promover la transparencia en los acuerdos migratorios con terceros países, o de seguridad y defensa como, desarrollar indicadores públicos y transparentes de rendimiento de los cuerpos policiales, revisar y auditar los Programas Especiales de Armamento y otros gastos de defensa.

En cuanto a regeneración democrática y el gobierno abierto, aporta ideas no recogidas en ninguno de los otros programas, con un enfoque amplio centrado en la transformación de instituciones con un “diseño heredado” del siglo XX. En este sentido habla de impulsar algunas iniciativas normativas como una ley de participación ciudadana, la revisión de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la actualización de la LOREG o la ampliación del número de diputados para mejorar su capacidad de representación. También propone la incorporación de la “inteligencia colectiva” especialmente en las fases de diseño y de toma de decisiones.

Otro de los aspectos más llamativos de la propuesta de Sumar es su mirada más allá de las fronteras españolas, con propuestas que miran hacia la colaboración con otros países, particularmente con la Unión Europea, si bien algunas de esas propuestas no están a su alcance más allá de promoverlas en las instancias europeas.

Entre ellas, destaca la creación de una agencia fiscal internacional y un tribunal de justicia económica para juzgar los crímenes financieros transnacionales, o el impulso para la creación de un plan europeo contra la corrupción y el fortalecimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

También el ámbito comunitario propone explícitamente apoyar las medidas que incrementen la efectividad del derecho a acceder a la información pública en manos de las instituciones y agencias de la Unión Europea, como la ampliación de los tipos de documentos a los que se puede solicitar acceso y la creación de un registro público.

La transparencia por venir y la que no acaba de llegar

Los programas de los principales partidos, en general, se hacen eco de cuestiones que amplían el foco sobre la transparencia de acuerdo con una lógica evolución de los preceptos clave del gobierno abierto y la gestión pública, como pueden destacarse las propuestas relativas a inteligencia artificial, la transparencia salarial, el acceso a documentos en el Unión Europea, o la colaboración transnacional en la lucha contra el fraude.

En materia de participación ciudadana también se apuntan cuestiones que van con el avance propio de la materia, como los laboratorios o la incorporación de la inteligencia colectiva en el diseño y toma de decisiones en el ciclo de las políticas públicas.

Pero también encontramos propuestas que obedecen a cuestiones coyunturales (lo que no es óbice para que se avance en esos aspectos), lo que de por sí les resta cierto empaque como medidas transformadoras (uso de medios públicos para desplazamientos, subvenciones culturales).

La transparencia, la apertura institucional y la integridad de las instituciones y cargos públicos deben analizarse y repensarse continuamente para frenar la caída de la confianza en el sistema y prevenir posibles modelos de fraude y corrupción.

Y también, y esto es más relevante, encontramos muchas medidas que se repiten de programas electorales anteriores, y que su presencia significa una enmienda a las políticas desarrolladas. Aquí podemos situar a las leyes de transparencia y lobbies, o el mantra de la lucha contra el fraude fiscal, que no va a corregirse por su mera invocación por repetida que sea.

Parece claro por tanto que los partidos hacen una especie de enmienda indirecta al diseño e implementación de políticas de gobierno abierto a nivel estatal. El hecho de que se sigan repitiendo propuestas así lo atestigua. Se han producido avances, pero aún insuficientes. Otro mantra que no dejamos de repetir año tras año, cita tras cita electoral.

Por último, debemos reflexionar sobre la perdida de protagonismo de la transparencia, la integridad o la regeneración democrática en esta campaña electoral. Solo se ha sacado la ‘artillería’ cuando las encuestas se han puesto muy cuesta abajo o el debate del ‘cara a cara’ se tornó más agrio, dentro de la ya insoportable jaula de grillos en que se convirtió ese debate nada más comenzar.

No creo que nadie pueda dar por resuelto el asunto de la regeneración democrática o la mejora de la calidad democrática cuando nos encontramos en niveles muy bajos de confianza de la ciudadanía en la política y las instituciones. La transparencia, la apertura institucional y la integridad de las instituciones y cargos públicos son ‘cuestiones de fondo’ que deben analizarse y repensarse continuamente para frenar la caída de la confianza en el sistema y prevenir posibles modelos de fraude y corrupción, pero también son remedios necesarios para revertir ahora esa situación de desafección política. Es otro mantra que no nos cansaremos de repetir.

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