La integridad institucional tiene un precio

En ambos casos, la principal propuesta sobre la mesa en materia de transparencia y gobierno abierto ha sido la limitación de funciones o directamente la supresión de las oficinas de lucha contra el fraude y la corrupción, con dos argumentos fundamentales: la eficiencia en el gasto público y el sustrato ideológico que las ha introducido en la arquitectura institucional.

También en ambos casos nos hemos encontrado con que se trata de propuestas que no se han puesto explícitamente negro sobre blanco en los textos de los acuerdos, sino que se insinúan con deliberada vaguedad, y se han amplificado a través de declaraciones o filtraciones a la prensa.

La Agencia Valenciana Antifraude

Así, en los 50 puntos del pacto en la Comunidad Valenciana, que se pueden consultar íntegramente en este artículo del periódico regional Levante-EMV, la mención más aproximada a este asunto se encuentra en el punto 24, que dice textualmente: “La correcta y eficiente gestión del dinero público será uno de los signos distintivos de este este Gobierno. Por ello, se reducirá el número de consellerías, el número de altos cargos y asesores. Se suprimirán los organismos innecesarios que no reportan en el bien general”.

En la última frase es donde podemos incardinar esta propuesta, como uno de esos “organismos innecesarios”. Una propuesta que por el momento ha quedado en modo pausa, posiblemente por el escenario de precampaña y campaña electoral, o tal vez por el rechazo que puede generar en diferentes círculos políticos, activistas, académicos y profesionales.

Cabe destacar que también ha sido replicada con celeridad desde la propia institución afectada, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), por medio de su director, Joan Llinares, que ha recordado, entre otras cuestiones, que la AVAF ha sido reconocida por la Comisión Europea como un ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra la corrupción.

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El otro punto en que se hace una mención a la transparencia en este pacto que, como todos, habrá que ver su desarrollo a lo largo de la legislatura, es en lo relativo a subvenciones, promoviendo el sistema de libre concurrencia competitiva. Un modelo que, dicho sea de paso, ya existe en muchas de las subvenciones, y concretamente en las relativas a gobierno abierto, como puede comprobarse en las convocatorias que promueve la Consellería de Transparencia en colaboración las diputaciones en las tres provincias para la promoción de los pilares del gobierno abierto en las entidades locales.

Es cierto, que hay otros casos en que este modelo de concurrencia competitiva no aplica, por ejemplo en la concesión de subvenciones para universidades públicas en materia de gobierno abierto, así como en otras relativas a otras áreas de gestión (en Sanidad para menores de 18 años, en Trabajo para trabajadores autónomos, afectados por ERTE…), en las que se pide el cumplimiento de unos requisitos para ser receptores, pero no se hace ‘competir’ a las personas destinatarias que lo son por estar en una situación objetiva que pretende mejorarse desde las instituciones públicas. La casuística es inmensa, pero no conviene mezclar ideas para crear confusión, y propuestas de este tipo pretenden alentar la percepción de que se ‘regala’ dinero público y es en parte por una ineficiente gestión del gasto.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción

Por su parte, los 110 puntos del acuerdo programático entre PP y Vox para el Govern balear, que recoge íntegramente esta publicación en el periódico digital 20 minutos, contempla tres medidas (49, 50 y 51) relativas a transparencia, que se comprometan con otras dos de otro ámbito (una sobre la radio y televisión pública y otra sobre las en las que pueden incurrir los Consells insulares.

La posible supresión de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB) se incardinaría en el punto 50, y por si hay dudas sobre su interpretación, baste esta referencia en la prensa local al “gasto inútil” que supone. Las medidas firmadas son, literalmente:

“49. La correcta y eficiente gestión del dinero de los ciudadanos de Baleares y la transparencia y buen gobierno, serán los signos distintivos del nuevo gobierno autonómico. 

  50. Contrataremos una auditoría de cada uno de los organismos, empresas y entes públicos y se eliminarán aquellos que no reporten beneficios claros para la ciudadanía y supongan un gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideológicos y garantizaremos la máxima eficiencia del gasto en aquellos que continúen.

  51. Promoveremos el método de concurrencia competitiva a fin de garantizar la transparencia y la libre competencia frente al modelo de concesión directa de subvenciones. De este modo, garantizaremos que todas las subvenciones concedidas respondan al interés general de los ciudadanos de Baleares y no a criterios ideológicos”.

Respetar la textualidad de los tres puntos es importante para evitar que se confunda mi interpretación de la propuesta que han rubricado ambas partes. Dicho esto, se observan evidentes paralelismos con el acuerdo valenciano en lo referente a subvenciones y la concurrencia competitiva, así como respecto los entes públicos que no reporten beneficios claros a la ciudadanía, con la salvedad de que aquí se desarrolla el argumento un poco más, incluyendo motivaciones relacionadas con la duplicidad o los fines ideológicos.

También llama la atención que se usan prácticamente las mismas palabras en el inicio, referentes a la gestión de dinero de los ciudadanos, siendo más ‘generosa’ la propuesta balear incluyendo el término transparencia

En este punto, podríamos recordar que la transparencia también es comunicación, y no es capricho de este redactor, sino en todo caso torpeza, haber utilizado como fuente dos medios de comunicación para enlazar el contenido íntegro de las medidas en ambos acuerdos. Es, sencillamente, que no las he podido encontrar en las respectivas páginas web de los partidos políticos. Y son los acuerdos de gobierno aprobados por ambas partes, no un documento ‘auxiliar’.

La integridad institucional, ¿cuestión ideológica?

La respuesta a esta pregunta debería ser rotunda e inequívoca: no. El buen gobierno no debe entender de ideologías, y hay una serie de cuestiones, como la transparencia en la gestión de los recursos públicos, la apertura de datos, la ética de los cargos públicos o la integridad institucional sobre las que, sencillamente, no debería caber discusión ‘ideológica’.

Que la transparencia se use con fines partidistas (esto es un hecho) no significa que sea una cuestión ideológica, como por ejemplo la política fiscal. También se utilizan con fines partidistas otras cuestiones sobre las que prefiero no entrar, y es así a pesar de que las partes que discuten están de acuerdo en lo esencial, en el fondo de la cuestión.

Si bien en los dos casos analizados estas oficinas fueron impulsadas por Podemos como condición para dar su apoyo a la formación de gobierno en ambas autonomías, hay varios ejemplos que muestran que estar a favor o en contra de ellas no es una cuestión ideológica ni es de “izquierdas o derechas”.

Por una parte, el Partido Socialista de la Islas Baleares también se posicionó en su momento en contra de esta Oficina desde sus inicios, si bien ha hecho uso de ella y una de las últimas actuaciones de la OAIB fue precisamente a propuesta del PSIB-PSOE, con relación al presidente del Consell de Ibiza, que fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

Otro ejemplo, radicalmente distinto, es el de Andalucía. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), fue creada por la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, y está en funcionamiento desde octubre de 2022, tras el nombramiento de su director. Cabe reseñar que el Partido Popular de Andalucía está al frente del ejecutivo autonómico, en coalición en el momento de redacción y aprobación de la ley, y con mayoría absoluta en el momento de creación de la Oficina. O lo que es lo mismo, el peso del Grupo Parlamentario Popular Andaluz en el Parlamentó autonómico ha sido lo suficientemente importante en la aprobación y puesta en marcha de la ley como para considerarlo impulsor de la medida.

Es más, recientemente tuve el privilegio de participar en una jornada organizada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que fue inaugurada por el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz Cabello. En su discurso se refirió a la creación de esta Oficina como “un gran avance” (cito textualmente), que se ve reforzada por el canal de denuncias puesto en marcha bajo la gestión de la OAAF, atendiendo a las obligaciones de la Ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Atendiendo a esta reflexión del consejero andaluz, ¿es la OAAF un ente público con fines ideológicos? ¿Cabría pensar que la Directiva europea también obedece a esos fines? La respuesta parece clara, aunque la letra de los pactos en otros territorios se esfuerce en sostener lo contrario.

Otra cuestión clave relacionada con la UE, como señala acertadamente el profesor Jiménez Asensio, es que ni España ni sus comunidades autónomas están aisladas de la normativa comunitaria, y que “cualquier debilitamiento, por pequeño que sea, de los mecanismos de integridad institucional, es un incumplimiento grave de nuestros compromisos europeos e internacionales”.

Por último, hay un aspecto que no sería pertinente dejar pasar, y es el papel de las personas empleadas públicas que prestan sus servicios en estos organismos. Se da por hecho, si atendemos al argumento “ideológico”, que cumplen directrices que les vienen dadas desde el ‘poder ideológico’ que les mantiene. ¿Desde el Ejecutivo, tal vez, o desde el Legislativo, del que dependen? Poner en duda la probidad de los funcionarios y funcionarias que trabajan en las oficinas antifraude es realmente peligroso para la imagen general de la Administración pública, y un fabuloso abono para el descrédito de las instituciones.

Esto es muy llamativo, puesto que en todo el listado de puntos no se mencionan (y son 160 oportunidades) conceptos como ‘regeneración democrática’ o ‘calidad democrática’, algo que debería ser absolutamente primordial si fuese cierto, por ejemplo, que los funcionarios obedecen sin chistar las órdenes de un oscuro poder político, dando forma y llenando de contenido a entes públicos con fines ideológicos.

El argumento de la eficiencia en el gasto

Relacionar la transparencia con la eficiencia en el gasto en lugar de con una mejora de la calidad democrática contribuye muy poco a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y máxime cuando se relaciona directamente la transparencia o la promoción de la integridad pública con un gasto inútil generador de duplicidades.

Respecto a esto, las funciones que realizan las agencias antifraude no son idénticas a las de la Fiscalía Anticorrupción (estatal o autonómicas) o las de las Inspecciones Generales de Servicios, como se está argumentando o, mejor dicho, deslizando sibilinamente. Porque argumentos no se encuentran con facilidad.

Las labores de prevención, de protección de alertadores y de formación y sensibilización no son tareas en las que se han prodigado estos organismos, dejando claro que en ningún caso se trata de una crítica hacia ellos. Su función es complementaria y prueba de ello es el reciente acuerdo que ha firmado la Fiscalía General del Estado con las agencias de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares.

Por otra parte, la existencia de estas oficinas anticorrupción es uno de los elementos clave en la política de integridad institucional en su dimensión exógena o externa (de nuevo me remito a las enseñanzas del profesor Jiménez Asensio).

Tenemos que entender que suponen una inversión de recursos públicos no solo en la prevención de prácticas irregulares o corruptas, sino en la formación de personal funcionario (como señalaba también el consejero Sanz en el discurso enlazado anteriormente), en la sensibilización de la ciudadanía (con especial atención a la formación en centros educativos) y en la mejora de las instituciones y de su imagen.

Como afirma Jiménez Asensio en el mismo artículo, si “en España se sigue fiando todo a la actuación ‘ex post’, sancionadora o penal; esto es, al castigo de quien infringe las normas”, está claro que “cuando se aplican el mal ya está hecho y la imagen institucional rota. Restablecerla es tarea compleja”. Hay que ahondar en la cultura de la prevención, y las fiscalías y las inspecciones de Servicios no cumplen esta función.

Como señala Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho, “las agencias antifraude ahorran dinero por la vía de la prevención de la corrupción al disuadir a los servidores públicos, que se sienten vigilados”. Y añado a esto las palabras de Esther Arizmendi: “Si la transparencia les parece cara, prueben a dejar el camino libre a la corrupción”.

La integridad tiene un precio

Los pactos firmados, que incluyen el compromiso de evaluación de su cumplimiento, debemos tomarlos a día de hoy como lo que son, proyectos o deseos que habrán de materializarse (o no) durante el desarrollo de la legislatura. Por tanto, conviene no darlos por hechos, ni dar por cerradas las oficinas anticorrupción en dos regiones que han sufrido mucho castigo por esta razón.

Ahora bien, las intenciones ya apuntan en una dirección y habrá que ver cómo se recorre el camino, especialmente después de las elecciones generales del 23-J, puesto que estos asuntos pueden restar votos y sembrar dudas sobre las candidaturas. Esto no escapa a nadie y es más que probable que sea un motivo por el que no se ha vuelto a hablar mucho sobre este tema, que como digo, no hace tanto tiempo era la estrella de todo debate político.

También se dice que la decisión sobre estos entes llegará después de una auditoría. La labor de control y la evaluación de políticas públicas es fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones y la adecuada gestión de lo público, pero hay que saber también interpretar la información y los datos. Hay servicios públicos cuyo valor no reside solo en lo que consiguen solucionar, sino en lo que consiguen evitar (sanidad, seguridad, políticas sociales…). La lucha contra el fraude y a la corrupción es una de ellas, y su valor trasciende del ahorro económico o de las sanciones y penas impuestas, para orientarse hacia la mejora de la calidad democrática, que se manifiesta en el fortalecimiento de valores indiscutibles y alejados de ideologías.

Por ejemplo, si una agencia ‘consigue’ que se abran muchos expedientes de supuesta corrupción que terminen en los tribunales, ¿se puede considerar un éxito y por tanto muy necesaria su existencia? ¿O el éxito es que apenas haya casos, pasados los años, y no se detecten a pesar del aumento de controles? Para mí la respuesta está clara, aunque habrá opiniones, como para todo.

Por supuesto que la integridad tiene un precio, como toda política pública, y deberíamos estar encantados de pagarlo si esto conduce a una mejor sociedad en el presente y futuro inmediato. Y ese precio, entendido como la conciencia de que hay que destinar recursos suficientes a la prevención y al fomento de la integridad pública, no debería depender, en ningún caso, de aritméticas parlamentarias.