<p>Foto: Ferrovial.<p>

Foto: Ferrovial.

Cuando se juntan un Gobierno partidista y una empresa indolente

La decisión de Ferrovial de trasladar el domicilio fiscal a Holanda ha sobrepasado el ámbito puramente empresarial para transformarse en una advertencia sobre las nuevas reglas del juego que caracterizará la actividad de las grandes multinacionales en los próximos años.

La reacción en tromba del Gobierno acusando a la empresa de antipatriótica y de buscar ventajas exclusivamente fiscales, amenazándola, posteriormente, con posibles sanciones y buscando presionar a los accionistas para intentar revertir esa decisión, ha sido uno de los episodios menos encomiables de un Gobierno que ha confundido la defensa de los intereses generales con el blindaje de sus intereses electorales.

No exageramos al afirmar que la decisión de la empresa española ha sacado a la luz las peores pulsiones de un Gobierno incapaz de moderar su malestar y de mantener una actitud imparcial y constructiva ante una medida perfectamente legítima, que obedece a criterios de racionalidad económica y que ha sido tomada con todas las garantías por el órgano competente.

No obstante, que la decisión del traslado del domicilio fiscal sea perfectamente legítima no resulta suficiente hoy en día para salvaguardar la reputación y no excusa a los directivos de Ferrovial, con su presidente y consejeros a la cabeza, de haber provocado una sobrerreacción por no evaluar todos los riesgos implícitos en la misma.

Para poder llevar a cabo esa función, junto con otras igualmente importantes, como la relación con el auditor externo, la supervisión de la información financiera y no financiera o la revisión de los procesos de auditoría interna, se requiere gente cualificada, independiente y, sobre todo, disponibilidad de tiempo para cumplir con rigor y profesionalidad esas funciones.

Como hemos recordado en otras ocasiones, aunque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante por asegurar que los comités de auditoría estén integrados por personas cualificadas, velen por los intereses generales de la compañía y rindan cuenta de sus actuaciones, la realidad del funcionamiento de estos órganos está muy lejos de esas intenciones.

Uno de los detalles que más llama la atención es la diferente dedicación de tiempo de los comités de auditoría del IBEX 35, como se desprende del Gráfico 3 del informe Contribución y transparencia 2022. Informe de transparencia de la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35.

Nos encontramos con diferencias que son difíciles de justificar atendiendo a la naturaleza de la actividad y/o las dimensiones de la empresa. La media de reuniones anuales de las empresas del IBEX 35 se encuentra entre nueve y diez sesiones. Aun entendiendo que el Código Unificado de la CNMV no haya querido establecer con carácter general unos estándares de dedicación de tiempo a los consejeros (Principio 13 y Recomendación 25), resulta muy difícil defender que los miembros de un comité de auditoría de una empresa como Ferrovial puedan cumplir efectivamente sus deberes de diligencia con una dedicación como la mencionada anteriormente.


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No puede sorprender que esa falta de dedicación del comité de auditoría tenga su correlato en la falta de calidad y relevancia del Informe de actividades de la comisión de auditoría. En efecto, en el informe no se encuentra ninguna mención a la supervisión de las cuestiones fiscales y tributarias ni a la asistencia de los responsables del área para informar a los consejeros.

En líneas generales, el estilo de los informes de actividades de las comisiones es aséptico y muy homogéneo. Los informes se han convertido en un formulario tedioso e irrelevante, tanto para las empresas que los formulan como para el organismo regulador (CNMV) que los recibe. La información sobre los aspectos más relevantes del gobierno corporativo suele ser escasa y, como señalan los anglosajones, de “corta y pega” (boiler-plate language; Asociation of British Insurers, 2011). Se aprecia de inmediato que para la mayoría de las compañías se trata de un mero trámite en el que se limitan a proporcionar la información indispensable para cumplir con el expediente.

El Informe de actividades de la comisión de auditoría de Ferrovial es un buen ejemplo de ese modelo de informes, al que nos venimos refiriendo, que siguen un patrón puramente formalista, limitándose a describir genéricamente las actividades llevadas a cabo sin aportar información relevante sobre las reflexiones, observaciones y conclusiones fruto de esa actividad de supervisión.

La histriónica reacción del Gobierno, rozando la desviación de poder, no solo ha impactado en la reputación de Ferrovial, sino que ha erosionado profundamente las bases de esa relación cooperativa entre las empresas y Administración tributaria que tanto esfuerzo cuesta construir y mantener.

Por supuesto, tampoco se alude en el informe a la verificación de la existencia de relaciones con las autoridades fiscales basadas en los principios de cooperación, confianza mutua y buena fe, que tienen como una de sus expresiones máximas la presentación del Informe de transparencia a la AEAT y su revisión por el comité de auditoría.

Todo lo anterior viene al caso porque el ámbito apropiado para discutir, consultar y valorar las posibles consecuencias de una decisión como el traslado del domicilio fiscal de una empresa a otra jurisdicción europea es, precisamente, el marco creado por el Código de Buenas Prácticas Tributarias adoptado en el Foro de Grandes Empresas.

En la mayoría de los casos, las consultas que las empresas realizan a la Agencia Tributaria, relacionadas con el pago y liquidación de impuestos o la realización de determinadas operaciones raciones, son cuestiones técnicas muy complejas, que requieren ventilarse en un entorno profesional e independiente.

Si Ferrovial consultó o no previamente a las autoridades competentes (Agencia Española de Administración Tributaria) la decisión de su traslado a Holanda es algo que desconocemos. De lo que sí tenemos certeza es que la histriónica reacción del Gobierno (hasta seis ministros se pronunciaron, además del presidente del Gobierno), rozando la desviación de poder, no solo ha impactado en la reputación de Ferrovial, sino que ha erosionado profundamente las bases de esa relación cooperativa entre las empresas y Administración tributaria que tanto esfuerzo cuesta construir y mantener.

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