‘¿Y el anillo pa' cuándo?’ La transparencia es compromiso

En el ecuador del periodo que ocupa el Plan de Acción se hace una evaluación intermedia del grado de cumplimiento de los compromisos y de las “acciones” que componen cada uno de ellos. Se evalúa si se han completado, si se han iniciado, si siguen sin iniciarse o si se ha decidido, por el motivo que sea, aparcarlos y no aspirar a su cumplimiento.

Después, finalizado el plazo de cada Plan de Acción, se evalúa su cumplimiento y se constatan los avances alcanzados en el periodo. En el caso español, nos encontramos ahora en la evaluación de medio término y que se ha abierto este 29 de noviembre a las aportaciones de la ciudadanía y la sociedad civil mediante el mecanismo de consulta pública.

Es un buen sistema: pone objetivos claros, medibles, aunque pueden ser en ocasiones poco ambiciosos, eso es cierto. Pero suponen avances. Y avanzar, no me cansaré de repetirlo, es positivo, incluso cuando se avanza despacio. Mejor pasos lentos hacia delante que dar pasos atrás o no dar ninguno. Porque la inercia no mueve políticas públicas que suponen evaluación, escrutinio, apertura y cesión de poder (en el caso de la participación ciudadana de carácter vinculante). La fuerza de rozamiento de la cultura política es una fuerza más poderosa.

Estas semanas estamos observando una serie de ejemplos de que la transparencia no es entendida como un compromiso, sino más bien como una carga o una cuestión totalmente secundaria. Dicho sin ambages. Se dice con otras palabras, faltaría más, pero es difícil interpretarlo de otra manera. Dentro de unas líneas podrán juzgar según su propio criterio.

“La integridad se construye desde arriba”

Decía Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, en su intervención en el reciente X Congreso Nacional de Auditoria en el Sector Público, celebrado los pasados días 10 y 11 de noviembre (texto íntegro aquí), que “la integridad se construye por arriba y su efecto cascada impregna al conjunto de instituciones”.

Esta frase, lapidaria por concreta y por certera, me llevaba a reflexionar sobre una reciente columna en esta misma sección, en la que me esforzaba en defender que la transparencia necesita a toda la tribu, que no vale solo buscar chivos expiatorios, normalmente en forma de responsables políticos, y que todos los actores implicados en la gestión de recursos públicos tienen su cuota de responsabilidad.

No he dejado de pensar lo mismo, no cambiaría una coma. Me refería en esas líneas a empresas, asociaciones y organizaciones del tercer sector receptoras de subvenciones públicas de muy considerable cantidad (de al menos 60.000 euros, que incluso llegaba a ser de cientos de miles de euros, y no en pocos casos), pero que no cumplían las obligaciones de publicidad activa presentes en la legislación. Y no solo eso, se desviaba el foco de la responsabilidad hacia los organismos de control que requerían dicho cumplimiento.

Ahora bien, que todos los sujetos obligados por ley (como su propio nombre indica, que no es que estemos inventando responsabilidades desde una moral luterana) tengan su parcela de responsabilidad no quita en absoluto que haya otros actores sobre los que recae la carga de la ejemplaridad. Y digo la carga porque su denominación proviene en efecto de ser responsables de soportar una carga, la de regir los asuntos públicos: los cargos políticos.

Aliviar la carga

Hay diversas formas de afrontar la carga que supone la gestión de lo público. Podemos encontrarnos con diversos tipos, fruto de la cultura política arraigada. Por ello repetimos una y otra vez que el cambio estructural es lento y aunque acelerarlo es obligatorio, negarlo por falta de rapidez es disparase en el propio pie. Dicho de otra manera, si pretendemos generar un cambio cultural tenemos que tener la paciencia y la constancia para favorecerlo y propiciar que finalmente se produzca, o al menos se avance en la dirección esperada. Si renunciamos a esta batalla la derrota es segura.

Decía Peter Drucker, hablando de la innovación y de sus frenos, que la cultura se desayuna cada mañana a la estrategia. Con el gobierno abierto sucede algo similar; un cambio de paradigma tan transformador y ambicioso en la gestión política no puede quedarse en un mero desayuno de la cultura política. Porque sí, el concepto de gobierno abierto es muy ambicioso, tanto que quizás por eso nos genera mayores decepciones. No olvidemos que la felicidad, el bienestar, el éxito y otras grandilocuentes palabras de la vida no son más que la diferencia percibida entre expectativas y realidad. A mayores expectativas, mayor es la probabilidad de decepcionarse. Y es legítimo sentirse despechá, no nos engañemos.

En cuanto a las formas de aliviarse el peso de la carga sobre parte de las responsabilidades políticas nos encontramos varios modelos y recientemente hemos visto la ejemplificación en nuestros responsables políticos.

Tipos de descarga

Hemos visto un ejemplo claro de lo que podríamos llamar la descarga consuetudinaria, basada en la costumbre, en el recurrente ‘siempre se ha hecho así’. Vino de la mano de la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, respecto a la publicación de informes relativos a la subida del Salario Mínimo Interprofesional encargados por el Gobierno. Después de ser solicitados vía derecho de acceso a la información, de ser requeridos por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tras la reclamación del solicitante para finalmente entregarlos, venía a decir que los informes no se publican porque «esto es lo normal, no en este Gobierno, en los anteriores también».

Cuando hablamos del poder transformador de la transparencia y de que supone un cambio no solo en la relación con la sociedad, sino en la gestión interna, pocos ejemplos pueden ser más clarificadores de que no se ha entendido o no se ha querido entender.

También hemos visto otro que es ya un clásico, pero que se ha presentado de otras formas que despertaban mayor empatía que este caso, al menos por mi parte. Entiendo las dificultades para cumplir las obligaciones en administraciones pequeñas, incluso medianas en determinados casos y momentos. Que las tareas diarias son enormes en comparación con el tamaño de su relación de puestos de trabajo. Pero me cuesta más entenderlo en una comunidad autónoma. Y ya no hablamos de atender a las solicitudes de acceso a la información, el ‘clásico’ al que hacía referencia antes.

En este caso, la que llamaremos descarga por sobrecarga viene a mostrarnos que se pueden tardar meses en aceptar que el presidente del Consejo de Transparencia ha dimitido. Y es que los presupuestos les “ocupa todo el tiempo”, como ha señalado la consejera con competencias en Transparencia, Isabel Franco.

Así ha justificado la tardanza en aceptar la renuncia presentada en junio por Julián Pérez Templado, ya por fin (por voluntad propia, por eso lo digo) expresidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM). El pasado 17 de noviembre se aceptó la renuncia en el Consejo de Gobierno. Desde junio. Hagan sus cuentas; si tienen tiempo, claro. La frase de la consejera es una buena forma de decir que hay cuestiones prioritarias y que la transparencia no es una de ellas.

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Hablando de organismos de control de la transparencia, nos encontramos con lo que llamaremos descarga económica, la que pretende servir bien para suprimir cargos y así ahorrar costes, o bien para liberarlos de la pesada carga del salario, que genera servidumbres. Esto suele pensarse cuando el salario es de otro y no el propio, puesto que en ese caso no es sino la justa recompensa al trabajo realizado.

Respecto a la primera acepción, opina el portavoz de Transparencia del Grupo Popular en las Corts Valencianas, que “Transparencia es una conselleria innecesaria, que dispara los gastos de personal y tiene nulos resultados”. Puede o no discutirse esta afirmación, pues lo que propone como alternativa es situarla en el nivel de una dirección general o secretaría autonómica. No pretendo en estas líneas entrar a valorar esto, si bien mi opinión ya quedó escrita en Cuando la transparencia se sienta en el Consejo de Gobierno.

Sin embargo, es cierto que hay ejemplos de áreas de transparencia cuyo anclaje orgánico se sitúa en el nivel de una dirección general y que dan buenos resultados. Hay una parte de nivel de compromiso implícito en dotarlo de rango de Consejería, pero tal vez lo más relevante es el presupuesto. Porque el valor que se le da a una política pública guarda una estrecha relación con el presupuesto que se le otorga.

Y aquí es donde entra la segunda acepción del término, la que se refiere a quitar los sueldos por el efecto negativo que tienen sobre la capacidad y la independencia de los cargos que lo ocupan. Porque la crítica del portavoz de Transparencia se refiere a que se ha triplicado el presupuesto del Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana (CTCV) porque sus vocales van a cobrar, por fin, algo más que las dietas.

Esto lo venían reclamando desde hace tiempo los anteriores consejeros de este organismo: dedicación exclusiva y sueldo acorde, en este caso de alto cargo. “Se crean tres sueldos de director general, cuando hasta ahora funcionaba con un coste mucho menor, un modelo que defiende el PPCV”, afirma el portavoz en la página oficial de su partido. Añade que “al final tenemos un Consejo de Transparencia más caro, menos independiente y menos profesional”.

Conviene poner en contexto esta afirmación. Los miembros del Consejo de Transparencia, por la ley de incompatibilidades, no podrían seguir percibiendo sus salarios como profesores universitarios, que son al parecer mayores que los de director general. No creo que haya mucha diferencia económica, y aunque la hubiera, estas personas suelen aceptar estos cargos por razones que trascienden lo meramente económico.

Por prestigio, por compromiso, por aportar a la sociedad, razones más poderosas, sean estas u otras, que un puñado de euros en unas cantidades que no son precisamente bajas. Pueden ser múltiples los motivos, pero vincular su dedicación y profesionalidad al sueldo suena reflexión de trazo grueso.

Lo que sí recuerdo claramente es la queja repetida de la falta de medios y de dedicación exclusiva, a diferencia de organismos similares. Y es que la no exclusividad se traducía en una tardanza desmesurada en el estudio y redacción de resoluciones y repercutía en la calidad democrática, en tanto se veía menoscabado un derecho de la ciudadanía por falta de recursos, no de interés.

Y recuerdo que quienes se quejaban de eso eran los propios miembros del Consejo. Por ejemplo, decía en 2016 Ricardo García Macho, presidente del CTCV, que “nuestra situación es muy precaria. Tenemos muchas competencias, mucho trabajo, pero no estamos dedicados en exclusiva. Cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo: seguimos dando clases, etcétera. Esto está dificultando mucho nuestro trabajo”.

Ahora se les otorga esa exclusividad por ley y también es un problema, porque ya no serán independientes. Y es que parece que sin cobrar eres mucho más independiente, aunque tu nombramiento lo haya propuesto el mismo partido. Parece razonable que los miembros propuestos por el Parlamento tengan una compensación económica mayor que una dieta por asistencia a un pleno (400 euros en el caso del CTCV, que se pensó aumentar a 800, como si solo tuvieran que asistir al pleno del CTCV y no estudiar los casos, discutir, redactar…).

Por mucho que sea compatible la dieta con la labor profesional habitual, me parece mejor solución la exclusividad. La transparencia es una política pública y como tal requiere recursos. ¿Es cara? Más cara es la opacidad y la corrupción, como solía decir Esther Arizmendi.

Todavía podemos poner otro ejemplo más, reciente también. La descarga antipática, en contraposición al término empática. Porque decir que las familias de las personas fallecidas en residencias a causa de la covid no necesitan explicaciones porque ya lo han superado y no quieren revivirlo es sencillamente no haber entendido nada de lo que pretende la transparencia, sin entrar a valorar otras cuestiones.

Esto lo dijo el pasado mes de octubre Enrique Ossorio, vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, ante la intención de Vox de impulsar una investigación sobre cómo viven los mayores en las residencias. Exactamente dijo esto: “Esta Comisión solo tiene un interés electoral. Va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar ‘¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar?’ Las familias ya lo han superado”.

El vicepresidente reaccionó publicando el vídeo completo sin cortes sobre sus declaraciones, pero decían lo mismo, solo que incluían una explicación previa. Se acusa de sacar de contexto esta frase, cuando lo que está fuera de contexto es que no se quiera explicar de ninguna forma cómo fue la gestión de las residencias a cargo de la Comunidad, ni siquiera en una comisión parlamentaria que no busca depurar responsabilidades políticas.

Porque de “conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”, de eso es de lo que va la transparencia. Así lo dice el primer párrafo del preámbulo de la Ley 19/2013 de Transparencia. No es ningún arrebato de moralina, es la ley.

Más que compromiso

Estos son algunos ejemplos, sin ánimo de exhaustividad, de que el compromiso no siempre viene desde arriba, lugar desde el que debería construirse la integridad, citando a Llinares. La transparencia necesita de un esfuerzo extraordinario para avanzar porque supone un cambio de raíz en la cultura política. Necesita compromiso, “superar el noviazgo” y “ponerse el anillo” y dar un paso más en la relación entre la esfera pública y la ciudadanía.

Pero también necesita presupuesto. Y entender que su carácter transversal sobre toda la gestión pública no la hace ni más ni menos prioritaria que otras: simplemente la hace imprescindible. Y entender que afecta a todas las áreas, no solo a la contratación pública o el urbanismo. La sanidad, la educación, los servicios sociales, los transportes, las subvenciones o la gestión de espacios, da igual el servicio o gasto público que sea, tiene que ser transparente. Y requiere respeto a la ley.

La transparencia necesita liderazgo y ejemplaridad. Y el verdadero liderazgo no reside en discursos de campaña electoral. El liderazgo se demuestra durante el mandato. En ese escenario es cuando hay que dar ejemplo y ponerse el anillo para no quitárselo nunca más.