Corrupción y memorias de sostenibilidad

Muchas organizaciones españolas, eso sí, se han apresurado a firmar los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas e incluso a incorporarse como socios en diferentes categorías, con cuota o sin ella. En concreto, el Principio 10 afirma que las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Sin embargo, en las organizaciones, especialmente en las públicas, en ocasiones, se utilizan de manera indebida o ilícita las funciones de aquellas en provecho de sus gestores (así define la corrupción la Real Academia Española de la Lengua). Estos comportamientos resquebrajan el aspecto esencial que posibilita el correcto funcionamiento del mercado: la libre competencia.

Tan solo en costes económicos directos al año para la economía mundial, Pacto Mundial estima 2,6 billones de dólares (3). Sin contar con los daños reputacionales ¿La solución? Códigos de conducta, políticas de compliance, protocolos y mecanismos de control y reporte, comisiones de auditoría y verificación… pero ¿hasta qué punto son un brindis al sol?

Recientemente han saltado a la palestra las investigaciones que la Guardia Civil estaba realizando a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), quien habría negociado en secreto la candidatura a las Olimpiadas de Invierno de 2030 con una de las partes implicadas.

Por supuesto, ni rastro de tan turbio proceder en su Memoria de 2021 (publicada en 2022) ni en su Informe de Progreso de Naciones Unidas de 2018 (publicado en 2019, año de comienzo de la supuesta trama). De hecho, el término corrupción no aparece en ninguna ocasión en la última memoria y tan solo en dos (una en la declaración institucional del presidente y otra en el apartado de proveedores) en la primera. Salvo error, no hay más reportes anuales públicos, excusados con una carta de solicitud de gracia debido a las Olimpiadas de Tokio (2021).

No voy a hacer mención al chabacano lenguaje de Blanco utilizado en dichas sigilosas y reservadas conversaciones, ni a las supuestas peticiones de dinero para contrataciones opacas. Tampoco a los aspavientos y declaraciones en donde, por si el desprecio a una de las partes de la candidatura no fuera poco, echaba, además, la culpa a aquellos que de forma transparente y leal defendían que el proyecto debía ser ecuánime.

Incluso todo un secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, o un emblema del deporte español, Pau Gasol, se rasgaron las vestiduras en público y vertieron infames acusaciones contra el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Se desconoce hasta ahora qué papeles han desempeñado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Cultura, Miquel Iceta u otros gerifaltes.

Watchmen (Alan Moore, guion; Dave Gibbons, dibujo, y Guillermo Ruiz Carreras, traducción. ECC, 2017) es uno de los mejores cómics de la historia. En un mundo real en el que existen los superhéroes, su título hace alusión a la locución latina atribuida al poeta romano Juvenal ‘Quis custodiet ipsos custodes?’ , es decir, ‘¿Quién vigila a los vigilantes?’. La cuestión es ¿qué papel juegan estos justicieros sin tener que rendir cuentas de su comportamiento ante el resto de la humanidad, a quienes consideran inferiores por carecer de poderes?

Cuando la opacidad está incrustada en la alta dirección de una organización, tan solo los grupos de interés pueden denunciar la corrupción. Cuando estos whistleblower tienen conocimiento de infracciones, deciden dar la voz de alarma ante sus superiores, las autoridades o la prensa.

Estas nobles actuaciones pueden tener graves consecuencias para el denunciante como amenazas y venganzas (la propia palabra y sus sinónimos, como delator o chivato, son despectivas, sobre todo entre los mafiosos). La política de la zanahoria es el incentivo ideal para impulsar la integridad y la ética (las buenas prácticas). Sin embargo, tan solo el castigo se antoja remedio contra los velos que adulteran y manipulan las reglas del mercado (las malas prácticas).