Accesibilidad universal y gobierno abierto, un reto inaplazable

Qué es accesibilidad universal

La accesibilidad universal se refiere a un extenso conjunto de medidas que deben ser tenidas en cuenta en la elaboración de las estrategias políticas o sociales, que van más allá de la eliminación de obstáculos en entornos físicos (barreras arquitectónicas) e incluso más allá del concepto de discapacidad, como podremos ver en alguno de los ejemplos, atendiendo a diversas circunstancias personales.

Por lo tanto, desde hace varios años se supera la idea de accesibilidad en entornos físicos por la accesibilidad en todo tipo de entornos, también virtuales.

A este respecto, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, ya recoge el concepto de accesibilidad universal en su artículo 4.c dentro de los principios generales que deben regir su aplicación.

En este sentido, señala expresamente que hay que garantizar “especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”.

Esta manifiesta referencia al principio de igualdad en la Ley 11/2007 en lo relativo al acceso a la información y servicios electrónicos se complementa con el principio de igualdad ante la ley recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, dentro de los derechos fundamentales de ámbito público.

Nos encontramos, desde la perspectiva de la Administración, con una obligación legal de facilitar la accesibilidad de todas las personas sea cual sea “su condición o circunstancia personal o social”, como reza el artículo 14 CE.

Las normas de accesibilidad en tecnologías web

La referencia internacional en cuanto a accesibilidad web es la Web Accessibility Initiative (WAI) o Iniciativa para la Accesibilidad Web, una rama de W3C (World Wide Web Consortium), una organización creada en 1994 por Tim Berners-Lee, el ‘padre’ de Internet.

La WAI establece diversos grados de accesibilidad en función de los criterios de accesibilidad que cumple la web, clasificados en mínimos (A), extendidos (AA) o máxima accesibilidad (AAA).

La WAI publica las Web Content Accessibility Guidelines (Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web, WCAG por sus siglas en inglés), que especifican cómo hacer accesible el contenido web, que se refieren principalmente a personas con discapacidades, pero también a otras limitaciones de tipo técnico, como por ejemplo las relacionadas con las especificaciones técnicas de dispositivos móviles.

Incluso hay que tener en cuenta que los principios de accesibilidad universal pueden hacer referencia a cuestiones económicas, como por ejemplo la alternativa en texto a imágenes para que usuarios con conexiones lentas o que paguen por uso de datos consumidos (sin tarifa plana) y que desactiven la opción de mostrar las imágenes de manera automática puedan tener acceso a todos los contenidos de la web.

Las primeras directrices (WACG 1.0) se publicaron en 1999, y fueron sustituidas por las WACG 2.0 en 2008, convirtiéndose en el estándar ISO 40500:2012 en octubre de 2012. La versión más actual es la WACG 2.1, una recomendación publicada en junio de 2018, aprobada después de un proceso de elaboración de casi diez años desde la publicación de Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Este artículo de Fernando Maciá hace un estupendo resumen de las directrices WACG 2.1.

Existen diversas herramientas automáticas para la evaluación de páginas web, en las que basta con introducir el enlace de la web que se quiere analizar para obtener el grado de accesibilidad de la misma.

En este artículo de Olga Carreras se pueden consultar varias de ellas según estándares y sus características principales. Sin embargo, es más fiable la validación manual por una persona experta en la materia, que examine la página de una manera más profunda.

A nivel nacional, como se recoge en este artículo del Portal de la Administración electrónica, la  Norma UNE 139803:2012 es la norma española que determina los requisitos de accesibilidad para los contenidos web, que establece una equivalencia directa con las Pautas de Accesibilidad para el contenido web WCAG2.0 de la WAI. Esta norma renueva la UNE 139803:2004. En febrero de 2019 se actualizaron las guías del Observatorio de Accesibilidad Web a WCAG 2.1.

Iniciativas de mejora de la accesibilidad sobre gobierno abierto

A continuación, haremos referencia a tres ejemplos que muestran lo que se puede hacer de manera excelente, que no requieren de un excesivo empleo de recursos, es decir, que pueden replicarse sin que supongan un desembolso económico inasumible para muchas administraciones, y que se refieren tanto a entornos web como físicos, y que por la forma de crearlo suponen un tipo de innovación pública.

• Portal de Transparencia de Xirivella

Gracias a una subvención otorgada por la Diputación de Valencia (de un importe inferior a 7.000 euros), el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Xirivella se ha hecho accesible a personas con dificultades visuales, auditivas, táctiles, psicomotrices y otras variantes de diversidad funcional.

Estas dificultades pueden deberse a una discapacidad, pero también, sencillamente, a una edad avanzada e incluso a facilitar la interpretación o la navegación en una web a personas no familiarizadas con la misma.

En este punto cabe subrayar de nuevo que la accesibilidad web es un concepto que trasciende las discapacidades. Por poner un ejemplo, todos nos haremos mayores (o eso esperamos).

En la imagen se muestra una captura de pantalla de la página de inicio del Portal de Transparencia de Xirivella.

Al menú de la derecha se accede mediante el símbolo de accesibilidad que se encuentra en la parte superior derecha de la web. En esta captura se muestra como ejemplo la opción ‘Señalar enlaces’, que se remarcan en amarillo para que la persona que acceda a la web pueda ver con facilidad dónde hay enlaces.

Como en los casos que veremos a continuación, no se trata de una iniciativa totalmente novedosa, ya hay otros portales de transparencia y participación ciudadana que han trabajado en su accesibilidad web, pero nos referimos a este ejemplo tanto por su reciente puesta en marcha como por el buen resultado obtenido.

Por ejemplo, el portal Decide Madrid del ayuntamiento de la capital está certificado por Aenor con una calificación AA desde 2017 hasta noviembre de 2020. Sin embargo, cabe destacar que Aenor solo ha expedido 40 certificados de este tipo, incluyendo entidades públicas y privadas, por lo que el camino por recorrer aún es más que amplio.

• Lenguaje de signos en Los Llanos de Aridane

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha comenzado a retransmitir los plenos en streaming, medida que complementa con la interpretación simultánea a lenguaje de signos para la inclusión de las personas con sordera.

El primer pleno en el que utilizó esta técnica fue el del pasado 31 de enero. Este servicio de interpretación se realiza a través de un acuerdo realizado con la Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias (Funcasor), que contará con tres intérpretes por pleno.

En este sentido, hay que valorar y volver a hacer referencia de nuevo a la Diputación de Valencia, que ha utilizado este formato de retransmisión en directo con intérprete de lenguaje de signos en su plan de formación en gobierno abierto, en los llamados Seminarios GO.

• Gobierno fácil: gobierno abierto y lectura fácil en Aragón

La más reciente de las iniciativas que mostramos en este artículo viene de la mano del Gobierno de Aragón, y trata sobre la ‘lectura fácil’.

Si bien es una temática sobre la que ya existen varios ejemplos de interés y desde hace varios años (como ya analizamos en este artículo), en este caso hay que destacar su carácter innovador en cuanto al cómo se desarrolla, puesto que es un excelente ejemplo de colaboración y cocreación que se ha empezado a llevar a cabo entre un Gobierno y diversas entidades sociales y que se ejecutará a través de la realización de varios talleres mensuales (dos o tres, en principio, cada mes) con personas con diversidad funcional.

La diferencia con otras iniciativas de lectura fácil y lo que supone una auténtica innovación es que en las anteriores los procesos de elaboración y validación intervenían las entidades especializadas en la materia y su personal, y en este caso las personas que intervienen en dichos procesos son las propias personas destinatarias de estas medidas, lo que otorga un enorme valor al producto que se terminará creando.

Personas destinatarias entre las que también cabe incluir a las que tienen dificultades con el idioma o personas mayores, que pueden verse ayudadas con algunas de las técnicas que ofrece la lectura fácil, como los pictogramas.

Otro elemento innovador es precisamente este formato de talleres con vocación de continuidad en el tiempo. En el proyecto piloto se ha comenzado a trabajar sobre textos legales como la Ley de Derechos y Garantías de las personas con discapacidad en Aragón, o planes como la Agenda 2030, y que se espera ampliar al diseño de servicios.

El primero de estos talleres se ha celebrado el pasado 17 de febrero y en él ha participado un grupo de 15 personas con discapacidad intelectual de Plena Inclusión, Atadi, Valentía y Adispaz y profesionales de apoyo, de la mano de dinamizadoras especializadas.

El coste anual de este proyecto no alcanza los 6.000 euros, a los que hay que sumar las traducciones a lectura fácil de los documentos que se generen, cuyo coste se estima en una horquilla entre 900 y 3.000 euros, según la información facilitada por representantes del Gobierno de Aragón.

Un compromiso ético

El paradigma del gobierno abierto tiene ante sí un reto, hacer de los gobiernos y de las administraciones espacios realmente inclusivos, que a la vez ofrece la oportunidad de reforzar la confianza de las personas en las instituciones gracias a su participación en las mismas y a que se facilite su acceso a los servicios públicos.

Este reto viene reflejado también en los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el marco en el que se fundamentarán las políticas públicas de la próxima década.

Dentro del Objetivo 16 (Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas), la meta 16.7 es “garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”.

Más allá de la obligación legal a la que hemos hecho referencia en nuestro país y que es común en el resto del mundo (la igualdad ante la ley), como mínimo los países que están avanzando en materia de gobierno abierto, entendiendo como tales los que están adheridos a la Open Government Partnership (OGP), entre ellos España, tienen la obligación ética de no dejar a nadie atrás en el camino de la apertura, la transparencia, la participación y la colaboración en las administraciones públicas.

Para ello deben facilitar los medios precisos, por ejemplo, cumpliendo las recomendaciones WACG o tomando ejemplo de las iniciativas que hemos reseñado.

E idealmente los prácticamente 200 países que aprobaron la Agenda 2030 tienen la inclusión como un deber moral, pero tal exigencia en ciertos lugares parece una demanda poco realista a día de hoy, y más aún vinculada al concepto de gobierno abierto.

Las personas con distintas discapacidades físicas e intelectuales, o con dificultades de comprensión por razones de idioma, o las de avanzada edad, o con problemas de acceso a entornos web por motivos técnicos o económicos, como hemos ido viendo a lo largo de este texto, lo agradecerán, así como todas las personas preocupadas por el avance de una sociedad más justa, más participativa y más inclusiva. Es una cuestión de ética.