El gasto estatal en cultura ¿…y?

Los resultados fueron que seis Ministerios –distintos al de Cultura– recibieron dinero y gestionaron más de 250 millones de gasto público en cultura al margen del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Vid. Follow the Money! Algunas preguntas básicas sobre el dinero estatal para la cultura parte 1, parte 2 y parte 3)

Pero el nuevo año 2017 ha comenzado con prórrogas presupuestarias y sin todavía visos de acuerdo para la aprobación de los correspondientes presupuestos, por lo que el análisis (o el mero comentario) sobre qué áreas culturales reciben más y cuáles menos, se pospondrá, como probablemente le sucederá a tantas otras cuestiones que afectan a la cultura de España.

Por eso, y sin el ruido de fondo de los presupuestos, tal vez sea un momento ideal para, en lugar de escudriñar “qué” cantidades se asignan, comenzar a plantearse por qué, para qué y con qué resultados; pues en realidad son cuestiones que debieran ser el argumento capital que articulara el reparto presupuestario.

En busca de presupuestos lógicos e ideológicos

Aunque pueda resultar una obviedad, es conveniente recordar que los presupuestos económicos se suponen elaborados en consonancia a unos presupuestos políticos previos y legítimamente establecidos por cada Gobierno. Pero pese a los esfuerzos retóricos de casi todos los partidos, esta circunstancia no siempre queda clara en los hechos finales: los consabidos presupuestos que, un año tras otro, sorprenden poco en lo que afecta a Cultura.

Si se comparan los presupuestos estatales de los últimos diez años, se observa que el reparto dinerario para la cultura –con variaciones y distintas coyunturas- siempre ha estado por debajo del 0,5% del total. La proporción con relación a otras áreas de gasto se ha mantenido parecida y su peso respecto al conjunto, escaso.

Así pues, cabe esperar pocas novedades en los presupuestos de 2017, los cuales continuarán mostrando una notable concordancia con el papel (escaso) que la cultura presenta actualmente en nuestra sociedad.

Por eso, y asumiendo de una vez por todas que la cultura es, desde hace bastantes años, una actividad situada al margen de las prioridades globales de la Administración Estatal, ayudaría mucho a su débil situación si la opinión cultural especializada se ocupara un poco más de las cuestiones estructurales de fondo, como cuál es la eficacia del gasto público, sea este el que sea.

En busca de presupuestos críticos

Sin quererle quitar importancia al duro impacto ocasionado por los recortes y el aumento del IVA en algunas áreas de actividad, es necesario subrayar que la verdadera crisis de la cultura española no se encuentra en la escasez de dinero, sino en la insuficiente rendición de cuentas por parte de las administraciones e instituciones culturales, a lo que se une la infrecuente evaluación del desempeño por parte de los diversos agentes del sector. ¿Qué pasa con el dinero que se gasta (invierte) en cultura? ¿Cuáles son los resultados? ¿De qué sirven las inversiones si, al final, no se tienen datos de cuáles son sus efectos?

La administración central ha de explicar -con claridad, rigor y transparencia- cuáles son los objetivos por los que asigna los presupuestos en cultura y qué resultados concretos espera de dicha inversión. Pero, para poder conocer qué resultados tienen las inversiones en cultura y ser capaces de determinar si éstas son o no lo suficientemente eficaces, es necesario que el sector de la cultura asuma -sin más demora- que debe medir y evaluar su actividad. Una cuestión que, por otra parte, la administración gestora del gasto público también debe comenzar a exigirlo como condición.

Esto es lo responsable, lo sostenible y un tipo de gestión que, sin duda, terminará por inspirar confianza y concitar el apoyo de la sociedad. Pero la indudable dificultad intrínseca de esta tarea (Vid. Cómo valorar los resultados de la cultura. La evaluación cultural en España) se mezcla con ciertas dosis de amateurismo, vanidad y desconfianza; perniciosamente características del sector de la cultura en España.

Tras la afirmación de que “la cultura es buena” como razón única y suficiente que por sí misma debiera justificar cualquier acción cultural y, por consecuencia, un supuesto e indiscutible merecimiento de dinero público; las organizaciones y profesionales del sector parecen afrontar con particular incomodidad la evaluación de su desempeño.

Ello no deja de ser una contradicción tratándose de profesionales de una actividad –la cultura- celebrada precisamente por su capacidad para potenciar el espíritu crítico. Además y, al margen de vanidades y miedos, se trata de una actitud que no contribuye a su regeneración como sector, ni tampoco a mejorar la percepción que los ciudadanos tienen sobre él. Esto es un grave error estratégico, pues el papel que la cultura tiene en nuestra sociedad depende – en realidad- del que la ciudadanía le confiera.

Mientras que en materia de mecenazgo la cultura española mantiene una mirada permanentemente dirigida hacia entornos internacionales pretendidamente “más avanzados”; al mismo tiempo parece olvidar otras circunstancias que hacen que dichos contextos más favorables a la cultura sean posibles, como la importante valoración de la cultura en la sociedad de tales países. Por eso, al mismo tiempo que Arts Council England dedica una línea estratégica completa a explicar y difundir por qué la cultura importa (Why culture matters), en nuestro país nadie parece estar impulsando de manera seria y significativa esta línea de trabajo de advocacy destinado a la base social: ni el Estado, ni las organizaciones de la cultura.

Es más, y continuando con en el caso del Reino Unido, la actitud que los ciudadanos británicos adoptan respecto a sus instituciones –a quienes exigen rendición de cuentas y transparencia desde hace décadas- difiere significativamente de la de los de nuestro país, donde todavía hay mucho por mejorar en este sentido. Es precisamente por esa falta de implicación ciudadana en el funcionamiento de las instituciones por lo que se ha gastado en cultura como se ha gastado: sin supervisión.

Salvo afortunadas excepciones, mucho dinero público en materia de cultura se ha gastado -durante décadas- sin seguimiento ni evaluación del desempeño. Los resultados de tal forma de gestión pública hablan hoy por sí mismos.

Por eso, a diferencia de lo que en la actualidad sería posible en España, Arts Council England está siendo capaz de impulsar un sistema de medición de calidad para trabajos artísticos y culturales, llamado Quality Metrics, en colaboración con los profesionales y organizaciones del sector. Un proyecto así de complejo y difícil es viable porque las métricas y la evaluación del desempeño en materia de gobierno y gestión ya son aspectos ampliamente practicados por la mayoría de las organizaciones culturales británicas. Esto, en España, lamentablemente no es así.

Por eso, es hora de reclamar que el gasto de dinero público se haga en base a criterios, expectativas y resultados, que igualmente sean públicos, conocidos por la ciudanía. Solo así se podrá analizar con rigor la eficacia del gasto estatal en cultura para alejarse de las recurrentes y estériles especulaciones para avanzar en el fortalecimiento de la cultura de nuestro país.

En busca de presupuestos cualitativamente políticos

La notoria falta de argumentos públicos sobre el gasto en la cultura estatal y sobre los resultados que estas inversiones producen, contrasta llamativamente con la calidad y el detalle de los datos que, sobre cultura, esta misma Administración General del Estado comparte públicamente.

¿Cuáles de las posibles conclusiones extraídas de la última Cuenta Satélite de la Cultura en España, el Anuario de Estadísticas Culturales 2016, el Barómetro del CIS o de la Encuesta de hábitos y prácticas culturales se están tomando en cuenta para, a partir de las mismas, modificar la elaboración de posteriores presupuestos? Si las hay, no se comparten de forma explícita y habría que preguntarse por qué.

Por ejemplo, las encuestas revelan que la principal barrera para que los españoles de mediana edad que trabajan y tienen hijos a su cargo puedan disfrutar de la cultura, no es el precio, sino el tiempo (Vid. La conciliación cultural como incentivo y estrategia para la cultura). Obtenida esta conclusión a partir de los datos que el Estado proporciona, ¿por qué no está tomando nota de ello el propio Estado para aplicarla en forma de política cultural? ¿Por qué, en este caso, los presupuestos no reflejan políticas públicas que incentiven la “conciliación cultural” de estos públicos con demanda latente?

Esta sería una inversión poco costosa y de mucho impacto social, que beneficiaría, tanto al público, como a las propias organizaciones y que se podría implementar de forma fácil y rápida condicionando las líneas de subvenciones existentes a que las organizaciones y empresas receptoras faciliten el acceso de estos públicos.

Pero lo cierto es que, pese a los datos y a la facilidad y la rapidez con la que se podrían implementar algunas medidas de alto calado estratégico e impacto social; no se están definiendo políticas culturales claras, rigurosas y coherentes con los hallazgos de los propios instrumentos del Estado, porque no hay voluntad política.

Del gasto en cultura, al desgaste

Las razones de la falta de eficacia en la definición de políticas culturales estatales, lejos de obedecer a una carencia de datos o de capacidad de análisis de los mismos por parte de la administración, tiene más que ver con el hecho de que la gestión de la cultura, sin conflicto, no “vende” políticamente. De hecho, la cultura parece haberse convertido en el propio campo de batalla simbólico desde el cual ejercer la confrontación política y es al final -la cultura- la que olvidada, instrumentalizada y convertida en un mero entorno de conflicto permanente, termina por convertirse en el territorio donde caen los cuerpos sin vida y los rescoldos del pasado.

Los partidos políticos tienen responsabilidad directa en este programado escenario de conflicto en la cultura, impostado y acelerado con la gasolina del dinero público y el poder simbólico de la Administración General del Estado. Un hecho ciertamente lamentable cuando, sin embargo, existe tanto margen para trabajar en beneficio de todos.

Hace ya más de tres años David Márquez denunciaba esta falta de voluntad política en ¿Todavía es posible una política cultural en un país como España?. Desde entonces, nada ha cambiado y, si no se hace algo, nada cambiará (Vid. ¿Qué hacer por las políticas culturales sin esperar a los políticos de la cultura?) Por eso, urge comenzar a exigir que, en lugar de su voluntad política, los políticos comiencen a hacer la de los ciudadanos, que comiencen a trabajar en beneficio del interés público. Por eso, los profesionales y organizaciones del sector de la cultura –unidos a los propios ciudadanos- tienen que dejar de perder tiempo y foco estratégico en el “qué” de las cantidades, para pasar al “cómo”.

A fin de cuentas, el “debate” sobre los presupuestos estatales no deja de ser un chismorreo confuso y a menudo tendencioso sobre el reparto de migajas si se comparan al verdadero “pan” de la cultura, gestionado por las administraciones autonómicas y locales (y no la estatal) y que sin embargo no gozan de tanto espacio en los medios de comunicación.

Cultura “somos todos”

El Ministerio de Cultura -cuando lo hubo, si lo hubiera y tal como en cualquier caso reflejan sus escasos presupuestos- tiene un papel igualmente escaso en la cultura de nuestro país. El Ministerio solo gestiona sus infraestructuras y programas propios, porque el resto de competencias están transferidas.

En el año 2015 la Cultura estatal gestionó oficialmente 732.360.990 euros, mientras que las Comunidades Autónomas tuvieron un presupuesto total en Cultura de 1.466 millones de euros, repartidos entre 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas. ¿Cómo se gastó este dinero? ¿Cómo se coordinó con las inversiones de la administración estatal?

Frente a su escaso papel en la gestión de la cultura –trasferida con bastante lógica a quienes gestionan en cercanía- quizás la administración estatal debiera aprovechar su demostrado poder como referente simbólico para ayudar a que las administraciones locales y autonómicas gestionen mejor el dinero que les trasfiere. Ello se puede lograr en base a políticas culturales eficientes asociadas a compromisos en la gestión del gasto.

¿Se imaginan unas políticas estatales que impulsaran la transparencia, rendición de cuentas y resultados en el gasto público en cultura? ¿Se imaginan que el Estado proporcionara una evaluación de resultados de la inversión en cultura en todo el territorio español? Lo cierto es que son posibles, y todos somos responsables de que así sea.